Asunción, 18 de enero de 2019



Bienes y rentas del Estado y de municipalidades son inembargables Imprimir E-mail
Por Prensa OPACI   
11 de mayo de 2018

En estos días tomó estado público el embargo dispuesto por un oficial de justicia sobre las cuentas bancarias de la Municipalidad de Ciudad del Este. Sin embargo, la jueza Victoriana Cáceres, ordenó el levantamiento de la medida cautelar.

Teniendo en cuenta la información, vale remarcar que tal medida judicial (no es el primer caso de embargo de una cuenta municipal), es absolutamente irregular, viola lo que establece el Capítulo II  “De los embargos preventivos” de la Ley Nº 1337 “Código Procesal Civil”.


La referida normativa tiene una legislación de modificación (Ley  N° 1.493), que en su Artículo 1º señala: “Modifícanse los artículos 530, 716 y 717 del “Código Procesal Civil”, los que quedan redactados de la siguiente forma: 

“Art. 530.- Cumplimiento. Consentida, firme o ejecutoriada la sentencia que mande llevar adelante la ejecución, se procederá según las reglas establecidas para el cumplimiento de la sentencia de remate, hasta hacerse pago al acreedor.


Si la sentencia condenare al pago de una suma de dinero líquida y exigible al Estado, a las entidades autárquicas o autónomas o a los gobiernos departamentales o municipales, se hará saber su monto al Ministerio de Hacienda o a las gobernaciones y municipalidades para su inclusión en los respectivos presupuestos”.

“Art. 716.- Bienes inembargables. No se trabará nunca embargo:

a) en el lecho del deudor, su mujer e hijos, en las ropas y muebles de indispensable uso en el hogar, incluyendo heladera, cocina, ventilador, radio, televisor e instrumentos musicales familiares, máquina de coser y lavar, y los instrumentos necesarios para la profesión, arte u oficio que ejerza el dueño de tales bienes, salvo que el crédito corresponda al precio de venta de ellos”.

Sigue con varios otros incisos, hasta llegar al Inc. e), que expresa cuanto sigue: “sobre bienes y rentas del Estado, de las entidades autárquicas o autónomas o de los departamentos o municipalidades;

Agrega en el Art. 717 que el “Levantamiento de oficio en todo tiempo. El embargo indebidamente trabado sobre alguno de los bienes enumerados en el artículo anterior, será levantado de oficio o a petición del embargado”.

Finalmente señala el Artículo 2º, que “A los efectos del cumplimiento del artículo 530 segunda parte, el Ministerio de Hacienda y las municipalidades tomarán razón de su contenido para la elaboración de sus respectivos proyectos de Presupuesto.

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Que se respete la Constitución Nacional y la Ley Orgánica Municipal
Prensa OPACI - 31 de octubre de 2018

El diputado Basilio Núñez coincide con la posición de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (OPACI), en el sentido de que se siga el debido proceso, en el tratamiento de las intervenciones de los municipios.

“Que se respete la Constitución Nacional y la Ley Orgánica Municipal, porque ambas hablan de la necesidad de que la Contraloría audite las comunas para tener certeza sobre las irregularidades”, dijo el legislador

Agregó que siempre estuvimos a favor de la creación de la comisión especial, para estudiar los casos y remarcó que “mientras no haya un dictamen de la Contraloría General de la República sobre el pedido de intervención, tampoco puede estudiarse los pedidos”, indicó.

Destacó que ya hay antecedentes de este tipo cuando Diputados, cuando entonces se destituyó al intendente de San Lorenzo, Osvaldo Ferrás, sin previo dictaminen del ente contralor y este presentó una acción de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia para ser repuesto en el cargo.

“Estuve viendo los puntos y creo que tiene (intervención) una intención política clara, por eso se trae así a tambor batiente también. La validez con el cual iniciaron ya es controvertida”, enfatizó “Bachi” Núñez.

Por otro lado, este miércoles, en rueda de prensa, la presidente de OPACI, María del Carmen Benítez, reiteró que las municipalidades y los intendentes no están ajenos a las auditorías, “sólo pedimos que se cumplan los procesos respectivos legales”, expresó.

Remarcó además: “pedimos que esto no se lleve a un ámbito político para que de esta forma no se pueda perjudicar los trabajos que se llevan a cabo en las ciudades”, subrayó.

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