Asunción, 21 de mayo de 2019

Intendentes aguardan que la ANTSV anule su resolución, por inconstitucional Imprimir E-mail
Por Prensa OPACI   
24 de abril de 2019

Los intendentes municipales siguen aguardando que la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV) anule su resolución, por la cual otorga permiso a la Dirección General de Tren (Digetren), de las Fuerzas Armadas, a expedir licencias de conducir.

La referida disposición viola el Art. 168 de la Constitución Nacional, que establece claramente que entre las atribuciones de las municipalidades están “la reglamentación y la fiscalización del tránsito, del transporte público y de otras materias relativas a la circulación de vehículos”.


Asimismo, trasgrede la Ley 3966/10  “Orgánica Municipal” y la Ley 5016/14 “Nacional de Transito”, legislación que creó la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial. Ésta habla de la validez solo de las licencias de conducir expedidas por las municipalidades.

La Ley 5016 establece que la ANTSV debe coordinar con las municipalidades y la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (OPACI) el otorgamiento de licencias de conducir, certificación y homologación. En ningún caso le faculta a otra institución a otorgar el carnet de conducir.


La ANTSV argumenta su resolución en la Ley Orgánica de la Fuerzas Armadas y los decretos de creación y operación de la Digetren. Esos documentos datan del año 1941, cuando en el país se emitieron los primeros registros de conducir.

Aquellos documentos ya caducaron y en consecuencia, son inaplicables. Sin embargo, Fernando Ferreira, director jurídico de la ANTSV, señaló que el registro militar era para conducir vehículos militares (como el que se observa en la foto), pero aclaró que los uniformados deben tener igualmente su registro expedido por la municipalidad.

Por su parte, el Tte. Rosa Torres, de la Digetren, aseguró que “el registro militar tiene la misma validez que la emitida por la Municipalidad. El costo de cada licencia para los militares es de 40.000 guaraníes”.

Pero el director de la Patrulla Caminera, Luis Christ Jacobs, informó que para ellos solo los registros expedidos por las municipalidades tienen validez para conducir vehículos particulares.

Los intendentes municipales de los departamentos Central y Cordillera fueron quienes firmaron el pedido a la Agencia Nacional de Tránsito, para que anule permiso otorgado a las FF.AA. Contaron con el acompañamiento de la Organización Paraguaya de Cooperación

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Que se respete la Constitución Nacional y la Ley Orgánica Municipal
Prensa OPACI - 31 de octubre de 2018

El diputado Basilio Núñez coincide con la posición de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (OPACI), en el sentido de que se siga el debido proceso, en el tratamiento de las intervenciones de los municipios.

“Que se respete la Constitución Nacional y la Ley Orgánica Municipal, porque ambas hablan de la necesidad de que la Contraloría audite las comunas para tener certeza sobre las irregularidades”, dijo el legislador

Agregó que siempre estuvimos a favor de la creación de la comisión especial, para estudiar los casos y remarcó que “mientras no haya un dictamen de la Contraloría General de la República sobre el pedido de intervención, tampoco puede estudiarse los pedidos”, indicó.

Destacó que ya hay antecedentes de este tipo cuando Diputados, cuando entonces se destituyó al intendente de San Lorenzo, Osvaldo Ferrás, sin previo dictaminen del ente contralor y este presentó una acción de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia para ser repuesto en el cargo.

“Estuve viendo los puntos y creo que tiene (intervención) una intención política clara, por eso se trae así a tambor batiente también. La validez con el cual iniciaron ya es controvertida”, enfatizó “Bachi” Núñez.

Por otro lado, este miércoles, en rueda de prensa, la presidente de OPACI, María del Carmen Benítez, reiteró que las municipalidades y los intendentes no están ajenos a las auditorías, “sólo pedimos que se cumplan los procesos respectivos legales”, expresó.

Remarcó además: “pedimos que esto no se lleve a un ámbito político para que de esta forma no se pueda perjudicar los trabajos que se llevan a cabo en las ciudades”, subrayó.

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