Asunción, 10 de diciembre de 2019

Suspenden la licitación del servicio de impresoras. Imprimir E-mail
Por Prensa OPACI   
12 de junio de 2019

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, suspende el contrato de prestación de servicios de la maquinas de impresión de carnet de conducir castrense,  para la Dirección General de Tren (Digetren).

La Agencia Nacional de Tránsito había otorgado el permiso a las Fuerzas Castrenses para expedir registros militares, por resolución.

La referida resolución viola el artículo 168 de la Constitución Nacional en el que dicta que las atribuciones de las municipalidades es reglamentar, fiscalizar el tránsito del transporte público y materias relativas a la circulación de vehículos.

Así mismo, la Ley Orgánica Municipal y la Ley Nacional de Tránsito (5016/14) mencionan sobre la validez de las licencias o permisos de conducir expedidos que es potestad del gobierno municipal.

La Ley 5016/14 establece que la ANTSV es la que debe coordinar con las municipalidades a través de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (OPACI), el otorgamiento de licencia de conducir certificando y homologando los centros de impresión de las licencias de conducir.

Tiempo atrás jefes comunales a través de un pedido firmado por los mismos solicitaron a la Agencia Nacional de Tránsito la anulación del permiso a las Fuerzas Armadas para la expedición de licencia, el objetivo de las fuerzas castrenses es resguardar la seguridad del territorio nacional.


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Que se respete la Constitución Nacional y la Ley Orgánica Municipal
Prensa OPACI - 31 de octubre de 2018

El diputado Basilio Núñez coincide con la posición de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (OPACI), en el sentido de que se siga el debido proceso, en el tratamiento de las intervenciones de los municipios.

“Que se respete la Constitución Nacional y la Ley Orgánica Municipal, porque ambas hablan de la necesidad de que la Contraloría audite las comunas para tener certeza sobre las irregularidades”, dijo el legislador

Agregó que siempre estuvimos a favor de la creación de la comisión especial, para estudiar los casos y remarcó que “mientras no haya un dictamen de la Contraloría General de la República sobre el pedido de intervención, tampoco puede estudiarse los pedidos”, indicó.

Destacó que ya hay antecedentes de este tipo cuando Diputados, cuando entonces se destituyó al intendente de San Lorenzo, Osvaldo Ferrás, sin previo dictaminen del ente contralor y este presentó una acción de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia para ser repuesto en el cargo.

“Estuve viendo los puntos y creo que tiene (intervención) una intención política clara, por eso se trae así a tambor batiente también. La validez con el cual iniciaron ya es controvertida”, enfatizó “Bachi” Núñez.

Por otro lado, este miércoles, en rueda de prensa, la presidente de OPACI, María del Carmen Benítez, reiteró que las municipalidades y los intendentes no están ajenos a las auditorías, “sólo pedimos que se cumplan los procesos respectivos legales”, expresó.

Remarcó además: “pedimos que esto no se lleve a un ámbito político para que de esta forma no se pueda perjudicar los trabajos que se llevan a cabo en las ciudades”, subrayó.


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